El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, una norma que busca reforzar la protección de los consumidores y promover un modelo de consumo más responsable y respetuoso con el medio ambiente.
Según ha apuntado el ministro Bustinduy, "el objetivo de este Gobierno es incentivar a la industria para acelerar la transición productiva hacia modelos más accesibles y sostenibles, de tal manera que bajen los precios para los consumidores y consumidoras, pero también se avance de manera decidida en la protección del medio ambiente. La justicia social, la equidad y el ecologismo deben caminar de la mano".
En esta línea, el titular de Consumo también ha avanzado que trabajará de aquí en adelante para que esta norma incorpore durante el proceso de tramitación "un paquete fiscal que garantice que quienes más contaminan, que son los ricos, paguen lo que les corresponde".
Entre las principales medidas, la ley prohíbe la publicidad de combustibles fósiles, los vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa más sostenible, y los vehículos impulsados exclusivamente por combustibles fósiles. Además, regula la reventa de entradas para eventos culturales, limitando los aumentos de precio y combatiendo el uso de bots en la compra masiva.
La normativa establece la prohibición de cualquier publicidad de productos energéticos compuestos únicamente por derivados fósiles sin componentes renovables. Esta restricción afecta a anuncios emitidos por empresas del sector del carbón y petróleo, aunque excluye al gas.
El objetivo es reducir la presencia en el mercado de productos contaminantes como la gasolina, responsables del incremento de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.
También se prohíbe la publicidad de vehículos que funcionen exclusivamente con combustibles fósiles y que, por tanto, resulten más contaminantes. Las grandes petroleras, que llevaban días pendientes de los movimientos del Ministerio, han comenzado a preparar alegaciones para la fase de consulta pública del anteproyecto.
Con todo, la mayoría reconoce que el impacto será limitado, dado que en los últimos años su publicidad ha virado hacia ofertas multienergía y productos con componentes renovables, aunque en ocasiones en proporciones mínimas, lo que podría neutralizar la aplicación estricta del veto.
La ley también incluye medidas contra la llamada "publicidad del miedo", que utiliza mensajes alarmistas para influir en las decisiones de los consumidores. De ahora en adelante, estas comunicaciones deberán estar respaldadas por datos objetivos y verificables que permitan una evaluación realista de los riesgos.
Para combatir el greenwashing o ecopostureo, se prohíben las afirmaciones medioambientales vagas o sin respaldo científico, como "biodegradable" o "amigable con el medio ambiente". También se limita el registro de marcas que puedan inducir a error sobre su impacto ecológico.
Un punto clave es la ampliación del derecho a reparar. Así, la ley fomenta que los productos tengan una vida útil más prolongada y facilita el acceso a servicios de reparación a través de una plataforma on-line gratuita que conectará a consumidores con profesionales certificados. Además, obliga a los fabricantes a asumir parte del coste de reparación una vez finalizada la garantía legal.
La normativa también combate la reduflación, es decir, la reducción no anunciada del contenido de un producto sin bajar su precio. Las empresas deberán informar de estos cambios de forma clara y visible para garantizar la transparencia con los consumidores.
El ministro ha subrayado que esta ley supone un paso decisivo hacia un modelo productivo más sostenible y justo, en el que la equidad social y la protección ambiental vayan de la mano. Asimismo, ha anunciado la inclusión de un paquete fiscal para que "quienes más contaminan, paguen en consecuencia".
En la actualidad, el anteproyecto inicia su fase de consulta pública para recoger aportaciones que permitan mejorar la propuesta antes de su debate final en el Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso. Con esta ley, el Gobierno reafirma su compromiso con un consumo más consciente, sostenible y justo, así como con la defensa de los derechos de los consumidores y la protección del planeta.
