El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha presentado el segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, un estudio que analiza la percepción que la sociedad española tiene sobre los contenidos editoriales y su propiedad intelectual y que revela que los ciudadanos respaldan el trabajo de autores y editores, y apoyan la implementación de políticas públicas que refuercen al sector y sus derechos de propiedad intelectual.
El estudio, llevado a cabo por Qbo Investigación y Estrategia a través de grupos focales y de más de 2.600 encuestas, revela que el 92 % de los consultados identifica a escritores, traductores, periodistas y editores como la garantía de calidad y credibilidad en los libros, periódicos, revistas y partituras.
Destaca el hecho de que en el ámbito educativo, la mayoría considera que los autores y los editores profesionales son los que deberían elaborar los contenidos educativos por una cuestión de confianza. Ademas, el 94 % de los encuestados reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, considerándola una garantía de futuro que impulsa el crecimiento educativo, el progreso profesional y la mejora la reputación del sector público cuando este adopta medidas para su protección.
En los resultados de esta investigación también se ha evidenciado la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores, un tema de interés general que la administración pública debe liderar. De esta manera, para el 87,57 % de los participantes, el sector público es responsable de garantizar el respeto a estos derechos.
Más allá de una obligación legal, esta labor representa una oportunidad para mejorar la reputación institucional, reforzar valores éticos como la transparencia y la integridad, y contribuir al desarrollo cultural y tecnológico. Al liderar este proceso, la Administración asegura un futuro donde la creatividad y el conocimiento sean recompensados de manera justa y equitativa.
Entre las medidas que los ciudadanos solicitan a la Administración para proteger el trabajo de autores y editores destacan las de impulsar el desarrollo cultural mediante el apoyo a escritores y periodistas locales y la protección de los derechos de autor; fomentar la cultura a través de bibliotecas físicas y digitales, y las ferias del libro; y promover el desarrollo del pensamiento crítico, favorecer la difusión de información de calidad, y reivindicar la historia y la identidad cultural.
El segundo Observatorio de la Sostenibilidad del Cultura Escrita también ha realizado un análisis exhaustivo de los piratas digitales. En este sentido, el estudio indica que el 67,5 % de los consumidores de contenidos editoriales digitales los obtiene a través de canales ilícitos y, de ellos, un 40 % desconoce que estos contenidos son piratas; motivo por lo que, una estrategia adecuada para acabar con este comportamiento sería el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización.
El estudio también ha investigado las razones que impulsan las acciones de los piratas conscientes, analizando sus motivaciones y los sesgos cognitivos que la tecnología explota para dirigir a los consumidores hacia esta práctica ilegal, al tgiempo que ha examinado los argumentos que utilizan para justificar estas actividades ilícitas y cómo la tecnología influye en sus actitudes.
En el estudio se refleja que los consumidores justifican la piratería de contenidos editoriales, producida por la disonancia cognitiva, al minimizar el conflicto entre su acción ilegal y su ética, al creer que no tienen el conocimiento necesario para actuar de otro modo o que no existen medidas efectivas contra la piratería o que las consecuencias son mínimas; y también se han identificado los sesgos cognitivos que más influyen en este comportamiento, entre ellos, los que refuerzan la percepción de que la piratería de libros y prensa es una práctica común o aceptada y los que minimizan las consecuencias negativas de esta actividad ilícita.
Este segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita también aborda el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la protección de los derechos de autor, algo sobre lo que Jorge Corrales, director general de CEDRO, ha explicado que en la actualidad varias empresas que desarrollan programas y bases de datos de IAG están utilizando contenidos editoriales sin la autorización adecuada y sin ofrecer la remuneración correspondiente a los autores y editores afectados. En este sentido, Corrales ha asegurado que "esta falta de transparencia y protección de la propiedad intelectual distorsiona el mercado digital y genera una desventaja competitiva para el sector del libro y la prensa, afectando de manera negativa su sostenibilidad».
