El Juzgado de lo Social número 6 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por el despido de la ex directora de comunicación de la Fundación Valencia Activa, cuya salida en noviembre de 2024 quedó vinculada a la purga interna impulsada por el entonces segundo teniente de alcalde y líder municipal de Vox, Juan Manuel Badenas. La sentencia declara improcedente el cese y obliga al consistorio a elegir entre readmitir a la trabajadora o abonarle una indemnización junto a los salarios de tramitación acumulados desde su salida.
Fuentes conocedoras de la decisión municipal han confirmado que el ayuntamiento ha optado por indemnizar a la trabajadora, descartando así su reincorporación al organismo municipal de empleo, actualmente en fase de liquidación.
Esta resolución supone un nuevo revés para la gestión desarrollada por Vox en Valencia, donde gobierna en coalición con el Partido Popular, apenas un año después de que se conocieran unos audios internos en los que Badenas reclamaba a sus colaboradores apartar a perfiles considerados incómodos o desleales dentro de la fundación pública. Entre ellos figuraba precisamente la responsable de comunicación.
En aquellas grabaciones Badenas instaba a sus subordinados a «zurrar fuerte» al PP, PSOE y Compromís mediante la recopilación de expedientes e información sensible. En medio de aquellas conversaciones, el dirigente de Vox también ordenaba movimientos internos dentro del organismo para sustituir a determinados trabajadores por personas de su máxima confianza. «Hay que quitarla porque es una persona que está pasando información a los otros», llegó a afirmar sobre la entonces directora de comunicación.
La sentencia no declara la nulidad del despido, pero sí concluye que el cese no se ajustó a derecho, y durante el procedimiento judicial, según las fuentes consultadas, la defensa de la trabajadora aportó diversas noticias para acreditar a través de los audios la existencia de una animadversión previa y de un interés político en apartarla del cargo. Además, el fallo cuestiona los argumentos utilizados para justificar la salida de la directiva.
La versión oficial sostenía que el despido respondía a una supuesta reorganización interna dentro de Valencia Activa, sin embargo, varios testimonios y documentación incorporada al procedimiento habrían puesto en duda que dicha reestructuración llegara realmente a ejecutarse en los términos defendidos por el equipo político de Vox.
Este revés judicial llega en un momento especialmente delicado para la antigua fundación municipal de empleo, que encara en la actualidad la fase final de su disolución, un proceso que PP y Vox aceleraron tras estallar el escándalo que también investiga la Fiscalía Anticorrupción por el presunto amaño de contratos durante la etapa de Badenas al frente del área de Empleo.
Aunque públicamente el Gobierno municipal justificó el cierre por criterios de «eficiencia» y eliminación de duplicidades administrativas, la decisión se produjo apenas semanas después de las revelaciones aparecidas en el diario digital The Objective, sobre adjudicaciones bajo sospecha dentro de la fundación, nacida en 2005 y que había funcionado de manera ininterrumpida durante dos décadas bajo distintos gobiernos municipales.
A raíz de aquello, el gobierno municipal acordó la subrogación de los trabajadores como personal laboral fijo a extinguir dentro de los servicios municipales de Empleo y Emprendimiento, las áreas que han asumido las funciones que hasta hace unos meses desempeñaba Valencia Activa.
Esta sentencia añade más presión sobre Vox en Valencia en un contexto de creciente desgaste político y judicial. La caída de Badenas no cerró las polémicas alrededor del partido en el consistorio, y su sucesor como portavoz municipal, José Gosálbez, se encuentra actualmente bajo el foco del Síndic de Greuges por su actividad privada como abogado mientras ejerce como concejal con dedicación exclusiva.
La condena por el despido de la exdirectora de comunicación añade un nuevo coste económico y político a una fundación que se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para el gobierno municipal de María José Catalá.
