Los creadores de contenido, conocidos popularmente como influencers, han ganado relevancia durante los últimos años, por lo que ha surgido la necesidad de regular su actividad a gtravés de una “Ley de Influencers” o “Ley de Creadores de Contenido”, una normativa que pone sobre la mesa una serie de reglas para controlar esta actividad.
La Ley de Influencers se enmarca dentro del Real Decreto 444/2024, que desarrolla el artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, que busca equiparar a los influencers con otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual, imponiéndoles ciertas obligaciones para garantizar la protección de los usuarios y, en particular, de los menores de edad.
Esta ley afecta a miles creadores de contenido que a partir de ahora, tendrán que tener especial cuidado con el contenido audiovisual que emiten, ya que deben cumplir dos condiciones relacionados con:
- Su volumen de ingresos, de forma que para ser considerado influencer, los ingresos brutos anuales derivados de la actividad en plataformas de intercambio de vídeos deben ser iguales o superiores a 300.000 euros, incluyendo remuneraciones monetarias o en especie por comunicaciones comerciales audiovisuales, pagos por parte de las plataformas y cualquier otro ingreso relacionado con su actividad.
- Su audiencia, ya que deben tener una audiencia de al menos 1.000.000 de seguidores en una plataforma o 2.000.000 de seguidores en total en varias plataformas. Además, deben haber publicado o compartido al menos 24 vídeos en el año natural anterior.
Así las cosas, los influencers que cumplan con estos requisitos de ingresos y audiencia, deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Por tanto, como la Ley de Influencers se aprobó el 2 de mayo de 2024, el plazo se ha extendido hasta el 2 de julio.
El objetivo principal de la nueva ley de creadores de contenido es proteger a los menores y al público en general. Tal y como se indica: “los influencers tienen la obligación de proteger a los menores de edad de contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral”.
Pero también deben adoptar medidas para velar por la seguridad del público en general, advirtiendo y eliminando contenidos perjudiciales, prohibiéndose expresamente “la difusión de mensajes publicitarios que inciten al rechazo social basado en la apariencia física o que asocien el éxito a criterios de peso o estética”.
Además, esta Ley de Influencers prohíbe cualquier tipo de publicidad oculta o subliminal, así como la promoción de tabaco o bebidas alcohólicas, y sólo se permitirá la promoción de apuestas o juegos de azar entre la 01:00 y las 05:00 de la madrugada.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley de Influencers puede conllevar sanciones de entre 10.000 y 1.500.000 euros, según la gravedad de la infracción, unas multas que están diseñadas para asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger tanto a los usuarios como al mercado audiovisual.
Las sanciones podrán ser:
- Por no inscripción en el registro, de manera que los influencers autónomos que no se inscriban en el registro estatal dentro del plazo establecido se enfrentarán a multas a partir del día 2 de julio (último día de inscripción).
- Por contenidos perjudiciales, de modo que la difusión de contenidos audiovisuales que puedan dañar el desarrollo de los menores o que incumplan los principios de comunicación audiovisual establecidos en la ley tendrán cuantiosas sanciones económicas y la suspensión de sus cuentas en las plataformas de vídeo.
- Falta de transparencia, con lo que la no declaración de ingresos significativos o la ocultación de información relevante relacionada con sus actividades en plataformas de intercambio de vídeos también será motivo de sanción.
- Reincidencia, de modo que reincidir en cualquier tipo de infracción elevará las sanciones a los máximos contemplados (1,5 millones de euros) e incluirán la prohibición de continuar con la actividad de creación de contenido en plataformas de intercambio de vídeos.
De esta manera, esta Ley de Creadores de Contenido representa un paso importante hacia la regulación de una profesión que ha crecido de forma exponencial en los últimos años; y al establecer criterios claros de ingresos y audiencia, y al exigir la inscripción en un registro estatal, el Gobierno busca garantizar un funcionamiento justo del mercado audiovisual y proteger a los usuarios, especialmente a los menores de edad, de contenidos potencialmente perjudiciales.
