El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, una nueva norma que contempla, entre otras, la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este será el registro en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional, que será será de libre acceso para su consulta por parte de cualquier persona.
Según han informado fuentes del Gobierno, además se crearán registros autonómicos que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación del ámbito autonómico.
Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio, que se fijarán reglamentariamente.
El anteproyecto contempla la modificación de la ley de creación de la CNMC, de 2013, para cambiar la estructura de este organismo con el fin de adaptarla a las nuevas responsabilidades que se le asigna a la norma. Así las cosas, este anteproyecto, servirá para adaptar al ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, y tendrá como objetivo establecer un espacio digital seguro, donde se protejan los derechos fundamentales y específicos de los consumidores y usuarios.
En virtud de esta futura norma, la CNMC tendrá amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales; mientras que la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
Con esta futura ley, los proveedores de servicios de Internet tendrán que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, deberán ser transparentes en los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas, y proteger a los consumidores cuando realizan contratos on-line, entre otras.
El anteproyecto establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves, hasta alcanzar el 6 % del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.
Según ha explicado el ministro Óscar López, se trata de una ley "importante que nos refuerza a todos los ciudadanos en un contexto como el actual donde hemos visto retrocesos en sistemas de verificación, redes sociales y medios de comunicación", y lo que ha hecho el Gobierno es cumplir con la normativa europea.
A juicio del ministro, "los ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe o si se produce una concentración", al tiempo que ha recordado que Europa ya ha dicho que hay que poner «límites» para abogar por una pluralidad de medios.
