La propuesta de cinco medidas que CEDRO ha trasladado a los partidos políticos ante las elecciones del 29 de noviembre no solo interpela a la política cultural, sino también a la forma en que instituciones, empresas y organizaciones gestionan su reputación, su licencia social para operar y su relación con los creadores en plena era de la inteligencia artificial. El paquete plantea una agenda que conecta derechos de autor, transparencia, pedagogía pública y rendición de cuentas, con implicaciones directas para la comunicación corporativa y los asuntos públicos.
En un contexto en el que la inteligencia artificial está alterando la creación, distribución y reutilización de contenidos, CEDRO ha reclamado que la próxima legislatura incorpore como prioridad la sostenibilidad de la cultura escrita y el respeto efectivo a la propiedad intelectual. Desde la óptica de la comunicación corporativa, esta toma de posición supone que ya no basta con que las organizaciones innoven o comuniquen mucho, sino que deben demostrar que lo hacen sobre bases éticas, legales y socialmente legítimas. En otras palabras, la gestión del relato corporativo empieza también por el respeto al origen de los contenidos que nutren ese relato.
La primera de las medidas, centrada en una IA ética, propone garantizar que el desarrollo y la explotación de estos modelos respeten los derechos de autor, incorporen mecanismos de autorización y remuneración cuando proceda, y aseguren transparencia y trazabilidad sobre las obras utilizadas. Junto a ello, CEDRO reclama una Administración pública ejemplar, que actúe con la misma exigencia y garantice que los usos de obras editoriales por parte del sector público sean transparentes y cuenten con la debida autorización y remuneración. Para cualquier director de comunicación, ambas propuestas apuntan al corazón de la reputación institucional, teniendo en cuenta que hoy, la credibilidad de una marca, de una administración o de un partido, depende cada vez más de poder acreditar de dónde salen sus contenidos, con qué permisos se usan y qué compromiso real existe con los derechos de quienes los crean.
Por otra parte, CEDRO plantea formar en propiedad intelectual a estudiantes, docentes y empleados públicos con el objetivo de promover un uso responsable y legal de los contenidos, al tiempo que propone impulsar campañas de sensibilización sobre el valor de la creación humana, especialmente en un momento en que proliferan los materiales generados por IA. Desde el ámbito de la comunicación corporativa, estas dos líneas son especialmente relevantes porque trasladan la cuestión del derecho de autor desde el plano jurídico al cultural, e intenta imponer el relarto de que no se trata solo de cumplir, sino de construir una cultura organizativa y ciudadana basada en el reconocimiento del trabajo creativo. Esa pedagogía es, además, una poderosa herramienta de posicionamiento para las organizaciones que quieran presentarse como actores responsables, comprometidos con el conocimiento y con la economía de la creación.
Una última propuesta consiste en elaborar un barómetro o informe anual sobre el cumplimiento de los derechos de autor en España, con el fin de evaluar prácticas, detectar carencias y formular recomendaciones. Esta medida introduce como elemento decisivo en cualquier estrategia moderna de comunicación la rendición de cuentas, y todo bajo la premisa de que lo que no se mide difícilmente puede gestionarse, y lo que no se gestiona acaba afectando a la confianza. Por este motivo, un instrumento de seguimiento como el que plantea CEDRO no solo serviría para conocer el estado de la propiedad intelectual, sino también para elevar los estándares de transparencia del sector público y privado y ofrecer a las organizaciones una referencia objetiva con la que alinear sus políticas de compliance, reputación y sostenibilidad.
Estas cinco medidas planteadas por CEDRO a los diferentes partyidos políticoas de cara a la Elecciones del 29-N configuran una hoja de ruta que trasciende el ámbito estrictamente cultural y se adentra en el terreno de la gobernanza, la responsabilidad y la comunicación estratégica. Para los partidos políticos, asumirlas sería enviar una señal clara de compromiso con autores, editores y ciudadanos; para las empresas e instituciones, representan la advertencia la oportunidad a la vez de que en la economía de la atención y en la era de la IA, proteger la cultura escrita también es proteger la credibilidad de quienes comunican.
