En plena recta final de la legislatura y a pocos meses de la próxima convocatoria de elecciones generales, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido actuar sobre el sector de la televisión y mover ficha para firmar la paz audiovisual con las dos principales cadenas privadas del país, Atresmedia y Telecinco, así como con el resto de operadores más pequeños.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pliego del esperado concurso que sacará a subasta seis nuevos canales de televisión digital terrestre (TDT), de los cuales tres serán en alta definición. No era, ni mucho menos, el escenario ideal que querían las principales cadenas, que habrían deseado que el Ejecutivo hubiera reaccionado antes para corregir los defectos que llevaron el año pasado al apagón, tras la sentencia del Tribunal Supremo, de nueve canales de TDT y que podría acarrear todavía la desaparición de otros ocho con el recurso que todavía está pendiente de resolución.

Así pues, el sector recibe con las espadas en alto y a regañadientes este nuevo concurso que, pese a que aumentará la oferta televisiva existente, seguirá siendo incompleto hasta que el TS no resuelva todos los asuntos pendientes.

Por este motivo, Paolo Vasile estallaba recientemente ante los accionistas de Mediaset, contra el Gobierno por los vaivenes legislativos de los últimos años y las “incertidumbres prevalentemente políticas” originadas por estos cambios.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que los operadores interesados tendrán hasta el 28 de mayo para presentarse a este concurso en libre concurrencia. Según establecen los pliegos, cada operador podrá aspirar, como máximo a dos licencias: una para la explotación de un canal en alta definición y otra para la explotación de un canal en calidad estándar.

El concurso quedará resuelto en un plazo máximo de seis meses, justo antes de que concluya la presente legislatura.

Mediaset, Atresmedia y la Conferencia Episcopal, a través de 13 TV, se perfilan como los principales favoritos para este proceso, al que también podría aspirar la productora Mediapro, accionista de Atresmedia.

El Gobierno podría establecer también condiciones para evitar que otros grupos extranjeros puedan pujar por estos nuevos canales, que serán adjudicados previsiblemente en septiembre.

El Gobierno ha apurado los plazos hasta el último minuto, pues era imprescindible que el concurso viese la luz a lo largo de este mes para tener la certeza de que el quedara resuelto antes del término de la presente legislatura. Con este proceso, el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Setsi), busca compensar a los grandes grupos audiovisuales a los que les quitó las nueve licencias ya señaladas, cuando aplicó una primera sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el reparto del espectro que hizo el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese apagón, el Grupo Atresmedia perdió tres canales frente a los dos que cerró Mediaset. La compañía controlada por la familia Lara mantuvo cinco frecuencias (incluida la que tiene alquilada a Mediapro para la emisión de Gol TV). Por su parte, Unidad Editorial y Vocento también perdieron otros dos canales cada uno.

Desde la ejecución de aquella resolución, las relaciones entre el PP y las dos cadenas privadas con más audiencia se tensaron hasta provocar la queja del partido en el poder por el espacio que les daban a los nuevos grupos políticos emergentes liderados por Pablo Iglesias y Albert Rivera. Mientras tanto, para antes del verano, se espera la respuesta del Supremo para el otro contencioso que afecta a los ocho canales aún en cuestión.

En el caso de los canales en calidad estándar, se valorarán, fundamentalmente, los aspectos relativos a la expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión, mientras que en el caso de los canales en alta definición se valorará la oferta de una programación que contenga contenidos de alta calidad.

Según detalla el Ejecutivo, entre los objetivos del concurso se encuentra fomentar el desarrollo de servicios digitales avanzados como el acceso multiplataforma de los contenidos audiovisuales en Internet, la creación de servicios y aplicaciones innovadoras dirigidas a los ciudadanos y la puesta en marcha de planes de impulso del aprendizaje de idiomas dirigidos a menores y/o jóvenes.

Adicionalmente, el concurso pretende dar un impulso a la alta definición en España, puesto que los prestadores a los que se les adjudique las licencias en alta definición dispondrán de la capacidad técnica suficiente para poder ofrecer contenidos en alta calidad de imagen y sonido.