Las operadoras de telecomunicaciones han mostrado ante la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, su rechazo frontal al modelo con el que el Ejecutivo pretende eliminar la publicidad en RTVE. Pocos días antes habían conocido por la prensa los planes del Ejecutivo que, antes de reunirse con esta parte del sector audiovisual, ya contaba con exigirle que sufragara el 24 % de los gastos de la cadena pública.De la Vega mantuvo un encuentro con el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, el presidente de Ono, José María Castellano, el presidente de Vodafone España, Francisco Román, y el presidente de Orange España, Alberto Salazar Simpson en el que estos manifestaron su posición conjunta contra el modelo importado de Francia que establece que radiodifusores privados y telecos paguen una tasa para compensar la desaparición de la publicidad en la cadena pública.
El Gobierno pretende que las operadoras aporten el 0,9 % de sus ingresos totales en concepto de una nueva tasa para recaudar casi 300 millones de euros. El resto se completaría con la aportación de los Presupuestos Generales del Estado (550 millones), las televisiones privadas (120) y la tasa por el uso del espectro radioeléctrico (240).
La postura del Ejecutivo sostiene que deben ser los beneficiados por el nuevo modelo de televisión pública quienes sufraguen el cambio. Pero las telecos no se sienten precisamente favorecidas en este caso. Según los últimos datos disponibles de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el negocio de la televisión por internet reportó en 2007 al sector 130 millones de euros (un 2,5 % de los ingresos totales) y los contenidos audiovisuales en móvil 8,7 millones de euros (un 0,2 %).
Y temen que la medida incluso pueda reducir su volumen de negocio. Sus plataformas atraen a muchos de sus abonados justo porque no les interrumpen las emisiones con anuncios, de modo que RTVE se convertiría, a sus ojos, en un competidor desleal.
A sus argumentos suman que la tasa que el Gobierno pretende hacerles pagar se añade a otros impuestos específicos que sólo se aplican a las telecos. De hecho, eso convierte a este sector estratégico en el más penalizado fiscalmente. Tanto, que ayer ya advirtieron al Gobierno de que están dispuestos a acudir a Bruselas para solicitar amparo.
Después del encuentro en Moncloa, el sector, a través de Redtel, asociación que representa a las cuatro principales operadoras, amenazó con acudir a la defensa jurídica en la Unión Europea, a la vez que defendía que entre sus obligaciones legales "no figura la de financiar parte del coste de la eliminación de la publicidad de la televisión pública".
En 2007, los impuestos específicos pagados por los socios de Redtel al Estado sumaron 568 millones de euros por el uso del dominio público (tendido de cables y antenas), del espectro radioeléctrico (para las llamadas de móviles) y la financiación de la CMT. A esto hay que sumar otros casi 200 millones por el pago del servicio universal (que oscila entre los 70 y 120 millones de euros anuales), el almacenamiento de datos de tarjetas prepago por motivos de seguridad (50 millones de euros) y otros servicios peor cuantificados, como el de las llamadas de emergencia.
