El ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, ha propuesto crear una fundación tripartita en la que participen la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los sindicatos y los editores, que se encargue de gestionar de manera autónoma la formación de los periodistas, al tiempo que ha anunciado la elaboración de un libro blanco sobre nichos de empleo para periodistas, que explore de la mano de “una consultora de prestigio” los espacios profesionales frontera con el periodismo con capacidad de absorber la mano de obra sobrante en el sector.
Ramón Jáuregui, que pronunció en Pamplona la conferencia de clausura del Congreso sobre el Futuro del Periodismo, ha resucitado la propuesta de un plan de ayudas a la prensa y ha avanzado la reanudación de contactos con la Asociación de Editores de Diarios de España (AEDE). El ministro de la Presidencia ha lamentado la difícil situación laboral del periodismo y ha reconocido su frustración al no poder intervenir sobre el mercado para mejorar las condiciones laborales de los periodistas. “No podemos incorporar al Estatuto de los Trabajadores una figura específica sobre periodistas en contra de los editores”, ha afirmado.
Con todo, el ministro ha apostado por continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales de los periodistas, en parte devaluadas a consecuencia de un mercado de oferta y demanda desequilibrado. En tono vehemente, el ministro ha defendido la imposición de bloques electorales a las televisiones públicas y privadas para “evitar discriminaciones injustas”, aunque ha asegurado que la Junta electoral realizará “una interpretación lo suficientemente flexible para que el derecho a la libertad de expresión no sea vulnerado".
Respecto al mercado audiovisual, Jáuregui ha subrayado la apuesta del Ejecutivo por ordenar este espacio “modernizando el sector”, y ha avanzado que el Gobierno someterá a subasta pública la frecuencia radioeléctrica que aún queda pendiente antes del verano.
El ministro de la Presidencia también ha abogado por la pronta puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que ha calificado de “derecho de los ciudadanos españoles” de acuerdo al mandato de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada este año.
