Según la organización, las negociaciones tienen lugar actualmente de manera confidencial entre treinta y nueve Estados entre los cuales contamos con Australia, Marruecos, México, Francia, la Unión Europea y Estados Unidos, sin concertar con las ONG y la sociedad civil.
La asociación ha denunciado que el Parlamento Europeo ni siquiera tuvo acceso a los documentos. "Lamentamos mucho que estos encuentros, que pueden tener fuertes incidencias sobre una libertad fundamental tal como la libertad de expresión, se mantengan al margen del debate democrático. Esta exigencia de transparencia en la materia no se puede negociar ni tampoco someter a unos imperativos económicos", han declarado desde la organización.
Reporteros sin Fronteras ha pedido a los miembros de la Unión Europea y a los demás gobiernos que den explicaciones acerca de las medidas que pondrían en grave peligro la libertad de expresión en Internet, tales como la prohibición de los recursos para evitar filtros o bloqueos que impedirían que los ciudadanos esquivasen la censura en Irán o en China, por ejemplo; el corte de Internet y por lo tanto la limitación del acceso a la información a pesar de que el hecho de sancionar a los que descargan no impedirá nunca la falsificación en sí; o el establecimiento de un filtro automático, una limitación de la libertad de expresión, que, sin intervención de un juez, es ilegal.