Más intervencionismo de las Administraciones en los medios públicos, menos pluralidad en la televisión privada con la llegada de la TDT y falta de transparencia en las adjudicaciones de publicidad institucional, son algunas de las conclusiones del balance de seis años del sector de medios en España (2005-2011), recogido en el apartado español del informe Mapping Digital Media, elaborado por la organización internacional Open Society Foundations (OFS).

Sobre el ámbito de la televisión, el estudio señala que la implantación de la TDT ha sido un éxito tecnológico, pero ha ido acompañado de una dudosa viabilidad económica para la mayoría de empresas que se han implicado en el negocio. "Han quedado dos grandes grupos (Mediaset y Atresmedia) y una miríada de pequeños operadores que dificílmente sobrevivirán o que caerán en manos extranjeras, mientras la clase media de operadores ha desaparecido", ha señalado Carles Llorens, vicedecano de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (AB) y uno de los coordinadores del estudio.

En cuanto a RTVE, los autores lamentan que al avance que se dio con la mayor independencia de TVE le haya seguido un "retroceso" con el mayor control gubernamental sobre los informativos y la desaparición con la llegada del Gobierno Rajoy del consenso obligatorio en la renovación del presidente y el Consejo de Administración de RTVE.

Según el informe, en los últimos años se ha quedado en agua de borrajas el consejo regulador de medios audiovisuales que prevé la Ley Audiovisual, y en su lugar se haya dado sus competencias a la macrocomisión de los Mercados y la Competencia, cuyos consejeros han sido nombrados a dedo sin un adecuado examen parlamentario.

El estudio enumera una serie de recomendaciones para mejorar la situación, tales como más transparencia en la propiedad de los medios, la adjudicación de licencias y de la publicidad institucional, y más participación de la sociedad en el proceso legislativo relacionado con los medios.

Respecto a RTVE, se emplaza al Ejecutivo a dotar a la corporación de una mínima financiación estable durante varios años, al modo de lo que hace el Gobierno británico con la BBC, y que los gestores de RTVE tengan obligación de ser más transparentes en la contabilidad.