España aprueba con un notable bajo en libertad de expresión, por lo que necesita mejorar en muchos apartados, y especialmente en el ámbito autonómico. Se trata de las principales conclusiones del informe realizado por la Fundación Ciudadanía y Valores dentro del Observatorio de la Libertad de Expresión, que constituye los primeros pasos de lo que pretende ser un análisis anual de las libertades como indicador de la salud de la democracia española.

El informe apunta al poder político como principal causante de las limitaciones a la libertad de expresión, debido a una intervención excesiva en el ámbito de la comunicación. Por ello, las dos organizaciones que firman el informe subrayan la necesidad de comenzar con una limitación de dicho poder político, "que debe quitar sus manos de los medios de comunicación".

Justino Sinova, presidente del Observatorio, ha presentado este informe que muestra "un panorama general positivo", con una calificación global de 7,21, y varias tareas pendientes. La mejor nota, un 9,9, la obtiene el acceso y uso de Internet, incluida la creación de páginas web, una libertad que, según el análisis, no sufrió ataques gubernamentales ni de otro tipo en 2012.

El panorama general es positivo, con una nota media de 7,21. Sin embargo, este dato contrasta con la libertad de creación de medios en soportes radiofónicos y televisivos, cuya calificación es de un 5,9. "Se sigue exigiendo un permiso gubernamental, una limitación legal que ya no se corresponde con la limitación física, del espacio radioeléctrico, como sí ocurría antes. Se trata de un límite político que no debería existir", ha señalado Sinova.

La regulación de la libertad de expresión en la Constitución española obtiene la segunda nota más alta, un 9,2; mientras existe una deficiencia destacable que no es otra que la falta de transparencia de las subvenciones a medios, sobre todo en el ámbito de las Comunidades Autónomas. "Sabemos que se reciben ayudas públicas, pero no sabemos qué medios ni qué cantidades" ha destacado Sinova, que se ha referido, asimismo, al efecto de la crisis económica en este derecho: "Cuantas menos personas tienen la posibilidad de trabajar en los medios, peor será el resultado. La libertad de expresión se sustenta en una pluralidad de medios y en la capacidad de circulación de mensajes de todo tipo".

El estudio y sus resultados numéricos, ha explicado José María Ramón, presidente de Funciva, están avalados por un análisis "pegado a la realidad" realizado por expertos del ámbito académico y profesional. Entre los autores del informe se encuentran los catedráticos Emilio Aranda, de Derecho, y de Periodismo, Javier Fernández del Moral.