España desciende cuatro puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), cayendo desde el puesto 32 de la edición anterior (cuando obtuvo 76,71 puntos sobre 100) al actual 36 (con 75,37), aunque pierde solo 1,34 puntos en la calificación global.

Pese a gozar, en general, de un clima favorable al libre ejercicio del periodismo y mantenerse entre el 30 % de los países del mundo con una situación “buena o bastante buena” para la libertad de información, los profesionales de los medios en España siguen padeciendo una precariedad laboral preocupante y cronificada.

Así las cosas, la edición 2023 de la clasificación, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios, cuenta que la situación es "muy grave" en 31 países; "difícil", en 42, y "problemática", en 55, mientras que es "buena" o "bastante buena" en 52 países. En otras palabras, las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en siete de cada 10 países y satisfactorias solo en tres de cada 10.

Y, aunque España pertenece a este último grupo, es el indicador económico el que hace que ocupe un retrasado puesto 36 de la clasificación, ya que empeora incluso respecto al del año anterior.

El contexto económico en el que se mueven los periodistas españoles es, de lejos, el indicador peor puntuado por el panel de expertos en libertad de prensa compuesto por investigadores, profesores, universitarios, periodistas, especialistas en derechos humanos y libertad de expresión… etc., que ha respondido al centenar de preguntas que conforman el cuestionario sobre el que se apoya, en su apartado cualitativo, la clasificación de RSF.

 Otro factor que explica el descenso de España en el ranking es el empeoramiento del indicador legal y jurídico, que mide el contexto legislativo en el que se mueve la profesión periodística; un movimiento que RSF interpreta como las expectativas desfavorables sobre la derogación de los artículos más polémicos y perjudiciales para la libertad de información de la ley mordaza.

El bloqueo en el Congreso de la reforma de la ley, una de las promesas destacadas del Gobierno y sus socios para la actual legislatura, ha enfriado la percepción que los expertos del sector tienen respecto al entorno legal y jurídico que rodea a la prensa en España; pero tampoco han salido adelante otras reformas para despenalizar los llamados “delitos de opinión”, y sin embargo, se han multiplicado acciones judiciales abusivas (SLAPP) contra medios y periodistas.

El informe destaca también la politización de los medios de comunicación, cada vez más contagiados de la polarización que afecta a la política española. Sin embargo, el clima sociocultural del país se halla entre los más favorables a la libertad de información de su entorno y las agresiones a la prensa se encuentran en mínimos históricos y europeos, después de unos años de mucha mayor violencia policial y ciudadana.

En cuanto a la clasificación global, Noruega se mantiene en primera posición por séptimo año consecutivo. Por primera vez, un país no nórdico se sitúa en segundo lugar, concretamente Irlanda, que ocupa el segundo lugar, ascendiendo hasta cuatro puestos, por delante de Dinamarca, tercero, que desciende uno.

Países Bajos ocupa el sexto lugar después de subir 22 puestos y recuperar el lugar que ocupaba en 2021, antes del asesinato del periodista Peter R. de Vries; mientras que Estados Unidos, número 45, pierde tres puestos. Los expertos de este país que respondieron al cuestionario de la clasificación se muestran pesimistas sobre la situación de los periodistas en el país norteamericano, por el marco jurídico local y la violencia extendida, a pesar de la voluntad de la Administración Biden.