La Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife ha planteado al Gobierno de Canarias la necesidad de regular el acceso de los periodistas a los gabinetes de prensa de la Administración de la misma forma que se hace con el personal funcionario o laboral. En este sentido, la APT ha presentado una alegación al borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria en la que se propone crear un cuerpo o escala específico para el desarrollo del trabajo periodístico y de comunicación en la Administración.Según señala la APT en su alegación, el borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública no contempla una categoría específica de empleado público adecuada para el desarrollo de unas funciones de información que garanticen y faciliten la comunicación de la Administración con sus ciudadanos. Así, en la actualidad, la Administración Pública canaria no ha establecido catálogos o relaciones de los puestos de trabajo adscritos a cada gabinete de comunicación, lo que, claramente obedece a la ausencia de un cuerpo o escala especifico para el desarrollo del trabajo periodístico y de comunicación.
A juicio de esta organización profesional, la creación de un cuerpo o escala profesional que recoja la figura del periodista permitiría establecer las formas de vinculación administrativa del personal dedicado a las tareas informativas y ello conllevaría a su vez la posibilidad de catalogar los puestos de trabajo en los gabinetes y las categorías profesionales y titulaciones académicas (licenciados en Ciencias de la Información en las ramas de Periodismo, Imagen y Publicidad y Relaciones Públicas, periodistas titulados, fotógrafos, técnicos audiovisuales, etc.) definiendo cada uno de los perfiles, responsabilidades, retribuciones y sistemas de promoción.
De esta manera se reglamentarían las vías de acceso a los departamentos de prensa y comunicación, mediante las correspondientes oposiciones o concursos, así como el escrupuloso respecto a la titulación académica que en cada caso corresponda.
Para la APT, esta solución sería beneficiosa para la propia Administración, los medios de comunicación y la sociedad; y además serviría para establecer una nueva vía laboral para los jóvenes profesionales.
