El Parlamento turco ha aprobado una polémica ley que permitirá al Gobierno bloquear cualquier página web por su propia iniciativa y sin necesitar permiso judicial. Además, la nueva norma, aprobada en un momento en el que el Ejecutivo se encuentra envuelto en un escándalo de presunta corrupción, también obligará a las empresas proveedoras de Internet a guardar durante dos años un registro de las actividades de sus usuarios y a dar estos datos al Gobierno si éste se los pide.
El ministro de Comunicaciones, Lutfi Elvan, ha defendido la normativa y ha asegurado que no dará lugar a prohibiciones o censura. En principio, según la nueva regulación el Directorio de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Elvan, sólo podrá actuar sobre páginas web que violen la privacidad de alguna persona. “No existe la censura de Internet” en Turquía, aseguró el viceprimer ministro, Bulent Arinc, durante el debate parlamentario. “En comparación, somos más libres que muchos otros países y tenemos libertad de prensa”, insistió Arinc. “Cuando [Erdogan] llegó al poder, hablaba de aumentar y mejorar la democracia en Turquía, pero ahora está intentando implementar un sistema fascista”, dijo durante el debate Hasan Oren, un diputado del Partido Republicano Popular, el principal grupo en la oposición, y quien llegó a comparar al primer ministro con el líder de la Alemania Nazi Adolf Hitler.
El acceso a Internet está ya muy restringido en Turquía, donde las autoridades han bloqueado miles de páginas —más de 40.400, según Engelli Web— y diferentes organizaciones defensoras del derecho a la información y de la libertad de prensa han criticado repetidamente la actitud del Gobierno.
Cuenta el diario El País que esta nueva ley también ha recibido críticas de muy diversos actores fuera y dentro de Turquía ya desde que el gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) la presentara al Parlamento, en el que tiene mayoría. Esta regulación es una intervención en las libertades de expresión y de prensa Asociación Turca de Periodistas. “Esta regulación es una intervención en muchos derechos, particularmente en las libertades de expresión y de prensa, y contiene puntos que entran en conflicto con la Constitución. Pedimos al Presidente que devuelva esta regulación al Parlamento”, ha señalado la Asociación.
Tras su aprobación, la norma aún debe ser firmada por el Presidente de la República, Abdulá Gul, para entrar en vigor. Durante las masivas protestas contra el Gobierno el pasado verano, los manifestantes usaron internet, y particularmente redes sociales como Facebook y Twitter, para compartir información, ya que los grandes medios de comunicación no informaron de las protestas en un primer momento.
