Critican la contratación de abogados para asistir a la jefa de prensa del Ayuntamiento de Getafe

aytogetafeCases & Lacambra es un despacho legal especializado en derecho mercantil, financiero y bancario, con un alto grado de especialización, creado en 2013 y con sedes en Barcelona y Andorra. Se trata del bufete escogido para la defensa de la jefa de prensa del Ayuntamiento de Getafe, Nayra Ortega, a la que cuatro concejales socialistas señalaron como responsable de haber emitido una nota de prensa en la que se incluían “injurias, calumnias y acusación y denuncia falsas”.

Se trataba de una simple declaración, para la que podía acudir acompañada de abogados dada su condición de imputada. Pues bien, la oposición acaba de denunciar que se ha presentado un reconocimiento extrajudicial de crédito por 6.655 euros por los “honorarios por la defensa y asistencia a la jefa de prensa”. Una única declaración para una causa que se archivó.

Abogados locales cifran este servicio en 150 euros; mientras que desde el Ayuntamiento se eligió a un bufete de Barcelona, que se presentan como especialistas en “soluciones fiscales para clientes privados que operen en un entorno multijurisdiccional” y que tiene otra sede en Andorra. Se dirigen a “prestigiosas instituciones financieras nacionales e internacionales, empresas de servicios de inversión, fondos de inversión, family offices, conglomerados empresariales y particulares con alto poder de inversión”, por lo que sorprende que hayan sido los elegidos para este servicio.

Los reparos puestos por la interventora a esta irregular contratación que se hace de forma verbal y “que está expresamente prohibida en la Administración Local” se recogen por escrito en el informe que se presenta a la comisión de Pleno, donde exige que se deje constancia “de la identidad de la persona física que efectuó verbalmente el encargo […] por las posibles responsabilidades penales que de tal actuación pudieran derivarse”.

Posteriormente, se ha acompañado un escrito en el que se explicita que fue la propia Nayra Ortega la que encargó el contrato de forma verbal. El pago se votará en el próximo Pleno del 1 de abril.

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