La Generalitat Valenciana ha anunciado el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a más de un millar de trabajadores.

El gobierno de Alberto Fabra ha tomado finalmente esta decisión que había insinuado en más de una ocasión durante el conflicto de los trabajadores de RTVV con la empresa.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, había apuntado en alguna ocasión que si el ERE de RTVV fuera declarado nulo, estudiarán todas las posibilidades, entre ellas, el cierre de la sociedad pública. "La reestructuración de Canal 9 servía para hacer sostenible una empresa que de otra manera no podía subsistir", avisó el pasado mes de octubre.

El cierre de RTVV supondrá el despido de los cerca de 500 profesionales que aún trabajan en los distintos canales de radio y televisión: Nou, Nou24, NouRàdio y Nou Sí Ràdio.

Antes de la última reestructuración de la empresa, la deuda de RTVV era de cerca de 1.200 millones de euros, que asumió la Generalitat Valenciana.

El TSJ de Valencia ha tumbado el ERE anunciado por RTVV en julio del año pasado al considerar que existió por parte de la empresa pública una "vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas" y había declarado el derecho de los trabajadores afectados a "la reincorporación en sus puestos de trabajo". En la sentencia, el juez considera que se alteraron los criterios una vez confeccionados los listados del personal afectado por el ERE y recuerda que cuando se acordaron los criterios ya se había producido un considerable número de ceses efectivos de otros empleados públicos que podrían haber formado parte de esos nuevos criterios posteriormente aplicados.

El TSJ censura el poco tiempo que se dedicó al periodo consultas y lamenta que no fueran aceptadas ninguna de las propuestas de los sindicatos, incluida la de una reducción de los gastos de personal. La sentencia recordaba que "la condición de ente público del empleador (RTVV) y su sumisión a la normativa presupuestaria no le exime del deber de negociar de buena fe".

Los sindicatos, que habían celebrado la sentencia, han pedido que se garantice la continuidad de la televisión y radio públicas, y los partidos de la oposición han coincidido en pedir que no se recurriese el fallo del TSJ.