El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el anteproyecto de ley que obliga a todos los lobbys españoles a inscribirse en un Registro central y notificar las reuniones que mantienen con cargos de la Administración Pública, una norma que, según los representantes del sector,  hace necesaria una mayor profesionalización de los Asuntos Púbicos en nuestro país. 

Se trata de un trámite que supone un importante hito relacionado con la transparencia, que es aplaudido por el sector, que llevaba varios años demandando esta regulación.

Con este trámite, la hija de ruta hacia una profesionalización del sector avanza en lo regulatorio, aunque ahora se enfrenta a otra dificultad, que no es otra que la falta de formación.

Se trata de la principal conclusión extraida por los especialistas que participaron en un evento organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que coincidieron en reclamar más centros académicos que impartan esta materia, al admitir encontrar serias dificultades a la hora de reclutar los perfiles adecuados para desarrollar su trabajo.

Así las cosas, los expertos en la materia aseguran que en la actualidad hay una creciente demanda de profesionales que no logran cubrir. En este sentido, el Government Affairs Head de AstraZeneca, Carlos Parry, explicó que “en España no hay oferta académica en universidades y hay una necesidad creciente” y reconoció que la última vez que intentó contratar a un perfil para el departamento que lidera, el proceso duró varios meses.

Parry se lamentó de que, como alternativa, algunas compañías han optado por incluir perfiles de marketing o venta más agresivos, cuyo estilo no ha apoyado una mejora de la reputación de la profesión.

Por otro lado, la profesora de Public Affairs en la UOC, Eulalia Tort, consideró que el hecho de que en España aún no exista una carrera universitaria sobre esta cuestión significa que hay una “pobreza en la profesión”; al tiempo que el presidente de Auren, Javier Cantera, mostró su preocupación por que en las distintas escuelas de negocio donde estudian los futuros CEOs empresariales, “no se hable de estos temas”.

Entre los factores que dificultan el proceso de reclutamiento de talento en Asuntos Públicos, destaca la particularidad del rol que deben desempeñar, y que es difícilmente reemplazable por otras disciplinas. En este sentido, Tort recordó que las primeras conceptualizaciones académicas del lobby, que se remontan a la década de los 80, señalaban que un profesional de este campo debía poseer un conocimiento equilibrado de Derecho, Comunicación, Política, Economía y Diplomacia.

Por su parte, el presidente en Padula & Partners, Euprepio Padula, considera que estamos “ante un perfil muy complejo, que requiere características y conocimientos que la mayoría de profesionales no tiene”, y consideró que los requisitos que debe cumplir un profesional en este ámbito son: “visión estratégica”, “orientación a negocio”, “empatía”, “visión holística” o “ética”.

Padula lamentó que “sólo se hable de lobby en medios de comunicación cuando hay escándalos, cuando se aprueba un medicamento fraudulento o una polémica sobre hipotecas”, y reconoció que las empresas poseen parte de responsabilidad al no saber comunicar adecuadamente lo que deben transmitir.

En este contexto, Cantera defendió que la palabra lobby “tiene una imagen bastante negativa, por lo que buscaría otro término que no fuera anglicismo”; mientras que el director de gestión de talento en Asuntos Públicos de Political Intelligenge, Pablo Gutiérrez-Jodrá, indicó que “después de muchas discusiones”, en su compañía finalmente optaron por denominar a los profesionales en este campo como Chief Policy Officer.