Un informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE rechaza este nuevo intento de imponer límites al periodismo y establece diferencias entre las funciones de los medios de comunicación públicos y privados, de acuerdo a su naturaleza jurídica.

“Los medios privados, por su interés económico general, no tienen función de servicio público esencial y por tanto no se les puede exigir la gratuidad de estas emisiones electorales lo que, en todo caso, vulneraría el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información”, señala el documento en referencia al artículo 66.2 de la proposición de ley, que obliga a las privadas a cumplir con los mismos criterios de proporcionalidad que imperan en las públicas.

La FAPE entiende que este intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias, constituye un grave atropello profesional. La Federación interpreta esta reforma como un claro empeño de anular la profesión periodística, que ya es lo suficientemente vilipendiada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la obligación de conectar con la señal oficial del partido político de turno.

La FAPE propone el rechazo unánime a toda información producida bajo la cuestionable deontología periodística de los partidos políticos, y apela a la responsabilidad de las empresas informativas para apoyar a sus trabajadores en la defensa de su derecho a informar en libertad.

En este sentido, la Comisión de Quejas y Deontología entiende que la Junta Electoral Central habría de velar por que los mensajes electorales se mantengan ajenos a toda manipulación externa, “competencia que debería haber sido atribuida al nuevo Consejo Audiovisual, todavía sin elegir”, indica en su informe.

El órgano, adscrito a la FAPE pero de funcionamiento independiente,  considera que emitir propaganda electoral bajo la etiqueta de información atenta contra el derecho de los ciudadanos a recibir información libre y veraz con la que conformar sus propias opiniones, debilitando así la calidad democrática de nuestras sociedades.