La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC) ha celebrado su primer encuentro sobre Lobby y Public Affaires, donde los profesionales del sector han reclamado una regulación específica de la profesión en nuestro país.

En el transcurso de esta jornada se ha sabido, tal y como ha confirmado el responsable de la European Public Affairs Consultancies Association (EPACA), Karl Isaksson, que tan sólo dos empresas españolas aparecen registradas en el ámbito europeo.

La jornada, celebrada en colaboración con el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, ha contado con la participación de numerosos representates, tanto de consultoras de comunicación como responsables de empresas y asociaciones.

Durante la jornada, la presidenta de ADECEC, Teresa García Cisneros, animó a los asistentes a "perder el miedo a empezar a trabajar con el lobby y Public Affaires desde gobiernos, instituciones y empresas", y puso en valor el papel de esta disciplina en nuestra sociedad al afimar que "cada vez es más habitual trabajar con los responsables de instituciones, es decir los decisores, pero lo hacemos igual que trabajamos con otros públicos, los consideramos una audiencia más".

La presidenta de ADECEC destacó que este diálogo debe ser "un punto clave" en las empresas perolamentó que "aún haya empresarios que no lo valoren". Cisneros también destacó las diferencias del trabajo del lobista entre España y Bruselas, centro neurálgico del lobby europeo al afirmar que "en Europa y la Unión Europea tienen mecanismos que favorecen la participación activa, y se ha registrado el lobby como una actividad profesional, cosa que aún no se ha conseguido en España".

Alberto Lahoz, responsable de Regulatory y Public Affaires de Weber Shandwick, apuntó por su parte que "mientras en España exigimos una regulación sobre el lobby, es curioso que tan solo dos empresas están inscritas en el registro voluntario de Bruselas". Y respecto a la regulación de la actividad, Lahoz fue claro al afirmar que no debe incluirse, como algunos pretendían, dentro de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.