El Partido Popular ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley Audiovisual de Cataluña, al considerar que cincuenta de sus artículos vulneran diez preceptos de la Carta Magna, desde el que consagra la libertad de información, al que establece que el español es la lengua oficial del Estado.
En su recurso, el PP argumenta que, "con la excusa de crear un pretendido espacio de comunicación audiovisual, propio de la Generalidad de Cataluña, ésta invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española".
Con la Ley Audiovisual, que entró en vigor en enero, se otorgaron poderes "desproporcionados" al Gobierno catalán y al Consejo Audiovisual catalán, "ocupando competencias reservadas al Estado y arrogándose la capacidad de definición de conceptos, como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales, de un modo exclusivo y excluyente".
El recurso consta de tres bloques: el primero dedicado a la vulneración de derechos fundamentales; el segundo relativo a la infracción del régimen lingüístico establecido por la Constitución; y el tercero referente a la invasión de competencias estatales.
Los populares critican que el CAC pueda dictar instrucciones que definan "el contenido de lo que es o no veraz, delimitando cuándo hay información y cuándo opinión" y denuncian que se pretenda "moralizar sobre los contenidos audiovisuales, hasta extremos tales que resultan incompatibles con la libertad de información y con las libertades de opinión y expresión".
Por otra parte, el PP aprecia motivos de inconstitucionalidad en las adjudicaciones, al entender que se establece "una notoria discriminación positiva" para la producción en catalán y para que los productores establezcan su residencia en Cataluña, un precepto que vulneraría también la libertad de circulación vigente en al Unión Europea.