A pesar de contar con pruebas de reiteradas injerencias en elecciones recientes, la Comisión Europea, la única que puede proponer legislación a nivel continental, ha renunciado a sugerir la aprobación de leyes para proteger de injerencias los procesos electorales en los países miembros, confiando en su lugar en programas educativos y en la autorregulación a través de las redes sociales.
La comisaria de Agenda Digital, la búlgara Mariya Gabriel, se ha dado hasta el 25 de abril de plazo para presentar unapropuesta contra la desinformación, y aunque entre sus opciones se incluía la posible propuesta de leyes, estas han sido finalmente descartadas.
La Comisión se vio obligada a tomar medidas contra las injerencias antieuropeas después de constatar la diseminación de noticias falsas en el referéndum del Brexit; las elecciones en Francia y Alemania, y la crisis independentista catalana. La responsable del área digital se dio hasta abril de plazo para tomar una decisión tras las solicitudes de eurodiputados y Gobiernos de países afectados por campañas de desinformación.
Expertos y políticos de todos los paises pidieron a Bruselas crear una coalición contra las noticias falsas, por lo que Gabriel optó por formar un equipo de 39 expertos que entregaron un informe no vinculante en el que admiten la enorme gravedad del problema de la desinformación, “que puede suponer una amenaza a los procesos políticos democráticos”.
Sin embargo, estos expertos recomendaron programas educativos e incentivos a la prensa, pero ni una sola medida punitiva.
En paralelo, la Comisión realizó una encuesta telefónica sobre desinformación a 26.000 europeos, según la cual, el 83 % de los encuestados afirma que las noticias falsas son un peligro para la democracia. Además, la Comisión recibió 3.000 respuestas a una consulta pública, en la que la mitad de los consultados cree que verificar hechos después de que se publique una noticia falsa es un parche sin efecto real.
La realidad es que se ha instalado el temor en el equipo de la comisaria de que se perciba que están intentando decidir con una ley qué informaciones son reales y cuáles no, por lo que la Comisión ha decidido confiar por el momento en la autorregulación, limitándose a emitir códigos de buenas prácticas.
