Aragón se ha convertido en la segunda Comunidad Autónoma que introduce en su legislación la regulación del lobby. El Pleno de las Cortes aragonesas aprobó recientemente la Ley de Integridad y Ética Pública, en la que se incluye la creación de un registro de lobbies y de una agencia que deberá supervisar la actividad pública.
La norma responde a los acuerdos de investidura que permitieron alcanzar el Gobierno de Aragón a Javier Lambán, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Según ha explicado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la ley contempla el compromiso de cumplir un código ético público, y dispone la elaboración de un Estatuto del Empleado Público Denunciante y de un Código de Buen Gobierno.
La nueva ley también establece unas normas en el traspaso de poderes en el Gobierno entre legislaturas y ordena el Registro de Actividades, Bienes y Derechos Patrimoniales de los miembros del Ejecutivo, fijando que las declaraciones de bienes sean públicas y que, una vez cesado en el cargo, sometan a examen su situación patrimonial.
Aragón sigue así el camino que tomó Cataluña, donde ya existe un registro de grupos de interés en el Parlamento, tomando la delantera a otras comunidades como la Valenciana, que trabaja desde hace algún tiempo en un proyecto similar.
