La Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado en menos de tres folios y un único razonamiento jurídico los recursos de apelación formulados por Rodolfo Sánchez, jefe del gabinete de prensa de la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo de los dos últimos regidores populares, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo.

Lo mismo ha ocurrido con un funcionario del consistorio, y con los empresarios Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, ambos de Asac Comunicaciones, que también apelaron contra el auto de cierre de la instrucción.

La Audiencia ordena de este modo la apertura de juicio oral para que respondan de las acusaciones de prevaricación y falsedad; unas acusaciones relacionadas con la contratación de dos periodistas externas para el departamento de Prensa del Ayuntamiento a través de la citada empresa. 

Los recursos de apelación, señala la sala, «no son admisibles». Los que hablan de la «insuficiencia de los indicios acopiados durante la investigación» , «constituyen prejuicios impropios, por precipitados», por lo que ordena continuar el trámite iniciado por la instructora. 

Cuenta el diario El Comercio que la fiscal Esperanza González ya se había opuesto a los recursos, al considerar que existen indicios suficientes de que fue Rodolfo Sánchez fue quien «contrató de forma directa» a dos periodistas para que desarrollaran funciones «bajo su mando». Para ello, actuó en connivencia con los responsables de la empresa Asac Comunicaciones, contratista del servicio de Modernización, y con el responsable municipal del mismo. 

«Para amparar dicha contratación e intentar justificar que no eran trabajadores del Ayuntamiento» se acudió a elaborar solicitudes e informes falsos, «simulando así su inclusión en el expediente administrativo» con documentos que «fueron elaborados y firmados el mismo día pese a llevar fechas diferentes», destaca la Audiencia. 

También, con la elaboración de un informe, fechado el 19 de marzo, para justificar la modificación del contrato y darle «una apariencia de legalidad»; un documento que no aparecía en el expediente original remitido al juzgado y que, según un informe de la jefa de Interior, Julia Piñera, nadie había visto antes, nadie había tramitado nunca, ni dio «lugar a expediente alguno». 

Por todo ello, la fiscal considera que los cuatro podrían ser autores de delitos de prevaricación y falsedad.