La Fiscalía ha pedido que se rechacen los recursos de apelación formulados por Rodolfo Sánchez, jefe de prensa de Alcaldía de los dos últimos alvaldes populares del Ayuntamiento de Oviedo, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo, junto a un funcionario y a los empresarios Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, ambos de Asac Comunicaciones, contra el auto de apertura de juicio oral para responder de acusaciones de prevaricación y falsedad. 

En su escrito, la fiscal Esperanza González considera que existen indicios suficientes de que fue Rodolfo Sánchez quien «contrató de forma directa» a dos periodistas para que desarrollaran funciones «bajo su mando». Para ello, actuó en connivencia con los responsables de la empresa Asac Comunicaciones, contratista del servicio de Modernización, y con el responsable municipal del mismo. 

«Para amparar dicha contratación e intentar justificar que no eran trabajadores del Ayuntamiento» se acudió a elaborar solicitudes e informes falsos, «simulando así su inclusión en el expediente administrativo» con documentos que «fueron elaborados y firmados el mismo día pese a llevar fechas diferentes». También, con la elaboración de un informe, fechado el 19 de marzo, para justificar la modificación del contrato y darle «una apariencia de legalidad». 

Se trata este último de un documento que no aparecía en el expediente original remitido al juzgado y que, según un informe de la jefa de Interior, Julia Piñera, nadie había visto antes, nadie había tramitado nunca, ni dio «lugar a expediente alguno». 

Por todo ello, la fiscal considera que los cuatro podrían ser autores de delitos de prevaricación y falsedad. 

Los hechos objeto de investigación se produjeron n 2013, cuando comenzaron a trabajar para el servicio de Prensa del Ayuntamiento dos periodistas a través de la contratista del servicio de Modernización. Lo hicieron sin que el equipo de gobierno tramitase la oportuna modificación del contrato; y cuando el Grupo Municipal de Foro inició una investigación, acabó por presentarse con un notario y un perito caligráfico en las dependencias del servicio de Modernización. 

De allí, salieron directos para el juzgado; y casi tres años después, la jueza concluyó la instrucció y dictó auto de apertura de juicio y rechazó que, como pretendían los imputados, los hechos eran «inocuos e intrascendentes» y que la incorporación de estos trabajadores a dedo no había causado ningún perjuicio a las arcas municipales. 

La jueza lo obvió, y se limita a señalar que existen indicios más que suficientes de prevaricación y de falsedad, y la Fiscalía coincide con su criterio.