Aragón aprueba la Ley de Integridad y Ética Pública que incluye la regulación del lobby

Aragón se ha convertido en la segunda Comunidad Autónoma que introduce en su legislación la regulación del lobby. El Pleno de las Cortes aragonesas aprobó recientemente la Ley de Integridad y Ética Pública, en la que se incluye la creación de un registro de lobbies y de una agencia que deberá supervisar la actividad pública.

La norma responde a los acuerdos de investidura que permitieron alcanzar el Gobierno de Aragón a Javier Lambán, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Según ha explicado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la ley contempla el compromiso de cumplir un código ético público, y dispone la elaboración de un Estatuto del Empleado Público Denunciante y de un Código de Buen Gobierno.

La nueva ley también establece unas normas en el traspaso de poderes en el Gobierno entre legislaturas y ordena el Registro de Actividades, Bienes y Derechos Patrimoniales de los miembros del Ejecutivo, fijando que las declaraciones de bienes sean públicas y que, una vez cesado en el cargo, sometan a examen su situación patrimonial.

Aragón sigue así el camino que tomó Cataluña, donde ya existe un registro de grupos de interés en el Parlamento, tomando la delantera a otras comunidades como la Valenciana, que trabaja desde hace algún tiempo en un proyecto similar.

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